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Los asesores alertan de que muchos afectados ignoran la nueva obligación. Los inmigrantes que tengan viviendas en sus países de origen que superen los 50.000 euros deberán informar a Hacienda

 
By REUTERS

 

Un contribuyente adinerado y que posea un elevado patrimonio en el exterior es más que seguro que, por él mismo o por su asesor fiscal, sepa que debe declarar sus bienes en el extranjero ante de acabar este mes. Sin embargo, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), perteneciente al Consejo General de Economistas, alertó ayer de que la declaración informativa obliga a muchos contribuyentes que no son especialmente acaudalados y que, sin embargo, también se verán afectados por la nueva medida.Por ejemplo, cualquier inmigrante que posea una vivienda en su país de origen y cuyo precio de adquisición supere los 50.000 euros debe presentar la declaración. Lo mismo sucede para los jubilados extranjeros –normalmente alemanes o ingleses– que se trasladan a vivir a España y que, si bien puede que no tengan un elevado patrimonio, sí es muy factible que posean bienes en sus países de origen superiores a 50.000 euros. Todos estos contribuyentes, aunque no lo sepan, tienen hasta el 30 de abril para presentar la nueva declaración informativa.

Esta medida se incluyó en la ley contra el fraude fiscal que aprobó el Gobierno el año pasado y que obliga a declarar cuentas en bancos extranjeros en el caso de superar los 50.000 euros, el mismo umbral se aplica para inmuebles y también para valores o seguros. Luis del Amo, secretario técnico del REAF, señaló que el Gobierno ha puesto en marcha de forma apresurada esta medida y alertó que muchos contribuyentes afectados ignoran que deben presentar esa declaración.

Ello resulta relevante porque la normativa incorpora un duro régimen sancionador. Por ejemplo, aquel contribuyente que tenga la obligación de presentar la declaración y no lo haga será sancionado con 5.000 euros por cada dato omitido, con una multa mínima de 10.000 euros. Presentar el formulario fuera de plazo conlleva una sanción mínima de 1.500 euros.